Al cumplirse seis meses de la expropiación de Agroisleña, ahora llamada Agropatria, unos 384 trabajadores han quedado en la calle. La mayoría no ha vuelto a conseguir un empleo fijo para ofrecerle calidad de vida a sus familiares.
Desde el 4 de octubre, fecha en la que el Presidente de la República anunció la medida de toma forzosa de las empresas pertenecientes al Grupo Fraga, los trabajadores han tenido que luchar para recibir el pago justo que por ley les pertenece.
Tanto los despedidos como aquellos que han tenido que desincorporarse de sus funciones por presiones u hostigamiento, en reiteradas oportunidades han denunciado que la nueva gerencia ha violentado los lapsos de tiempo y las normas de cálculos para el pago de las deudas pendientes. Actualmente unos 500 empleados de las diversas agencias están a la espera de la cancelación de las comisiones, las cuales no se volvieron a pagar desde la expropiación. Estas representaban el 90% de las ganancias del personal técnico.
El retardo en los pagos y la falta de atención fue el motivo para que este lunes se volviera a presentar una tormentosa protesta en las puertas de las oficinas administrativas de Agropatria, ubicadas en Cagua, municipio Sucre de Aragua.
Con el sonido agudo de docenas de vuvuzelas, los ex empleados pidieron a la gerencia de recursos humanos que cumpla con sus compromisos de manera transparente.
Rodolfo García, quien se desempeñaba como gerente de la agencia ubicada en Guanare, manifestó que continuarán la lucha hasta obtener cuentas claras, concisas y reales. "Se nos acabó la paciencia y ya no esperamos mas", puntualizó.
En la concentración estuvieron presentes trabajadores de las regiones andina, llanera y del occidente. Todos han tenido que hacer un esfuerzo para trasladarse hasta Maracay y reclamar el pago pendiente. "Lo que solicitamos nos pertenece por derecho. Somos padres de familia que requieren de nosotros. Quedamos en la calle porque ésta era nuestra casa, nuestra familia y ellos no las quitaron", puntualizó.
Por varias horas se mantuvieron los bullicios de la protesta y lamentablemente no fueron atendidos. Los trabajadores dijeron que no desmayarán y continuarán organizando protestas para hacer valer sus derechos.
En la jornada de tres días consecutivos que se realizó en marzo, unos 100 trabajadores obtuvieron sus pagos. Los retrasos e irregularidades han surgido debido a que en los últimos meses han sido designados seis gerentes de recursos humanos y ninguno ha podido resolver el problema. En cada cambio de funcionario los avances alcanzan mas retardos.
En los Andes escasez de insumos
La región de los Andes está siendo la más afectada por la escasez de productos para la siembra. Desde la expropiación se perdió la regularidad en la dotación de insecticidas, semillas, abono y demás productos del agro. Los almacenes ya no cuentan con material para reponer cada falta. Sólo están recibiendo lo que calculan como necesario.
Antonio Motolongo, quien fue empleado de la agencia de Mérida, comentó que la falta de productos está generando que plagas y hongos propios de la zona estén acabando con cultivos de varios rubros pero en especial con la papa, la zanahoria y el ajo. En relación a este último, indicó que la siembra es muy susceptible a las plagas y si no se atiende con los productos adecuados la producción podría venirse abajo. Las cosechas de tomate, cebolla y hortalizas verdes, también están amenazadas.
Aseguró que los productores están muy preocupados por la situación. La incertidumbre y la falta de opciones para atender el problema están poniendo en peligro la millonaria inversión que ofrecieron cientos de trabajadores del campo para la cosecha de esta temporada. "Ha sido mucha la inversión y no hay como garantizar buenas cosechas. Sigue en peligro la producción de alimentos", puntualizó Motolongo.
Continúan los cursos políticos
Aquellos empleados y obreros que aún continúan como personal activo de la empresa siguen siendo citados para la participación en cursos políticos e ideológicos. Aunque no quisieron revelar su identidad, manifestaron su rechazo pues aseguran que la empresa tiene fines comerciales, productivos y no partidistas.
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