El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) revocó la autorización para "la siembra, plantación, cultivo y cosecha" de marihuana otorgada a una empresa privada de Los Angeles, en la Región del Biobío, luego de la controversia que se generó al interior del gobierno por el permiso. La resolución había sido aprobada el 31 de enero y era la primera de su tipo en el país.
El organismo se fundamentó en la resolución del Instituto de Salud Pública (ISP), que rechazó el uso de la marihuana para la fabricación y comercialización de productos. La decisión se tomó tras una reunión en el Ministerio de Agricultura, donde participó el subsecretario de esa cartera y representantes del Ministerio del Interior, el Conace y la Secretaría de Comunicaciones (Secom).
Los antecedentes
La autorización inicial se le otorgó al ingeniero agrónomo Alvaro Gómez, dueño de la empresa AgroFuturo, ubicada en Los Angeles, Región del Biobío. Gómez había solicitado plantar cannabis para fabricar productos de uso medicinal.
"No está enfocado a consumidores, sino que a pacientes que podrían solicitarlo en enfermedades que en el extranjero tienen este tipo de tratamiento. Mi idea es que ellos no tengan que salir al mercado ilícito a adquirir estos productos, sino que puedan acceder a él de manera legal y de calidad", aseguró el empresario.
Pero la noticia de la aprobación difundida ayer provocó la reacción del ISP. "El instituto responde en forma negativa de que no es posible el uso del producto en base a cannabis sativa para ningún uso en fármacos y medicamentos. El reglamento de productos sicotrópicos prohíbe a nivel nacional la producción, fabricación, distribución de productos que contengan cannabis sativa", señaló su directora, María Valenzuela. Y agregó que el producto solicitado por Gómez "sería distribuido como una hierba para infusión".
El SAG argumentó que la empresa "no podrá cumplir con los fines para los cuales solicitó la autorización". El organismo aclaró que se "actuó en conformidad a lo que la Ley 20.000 y su reglamento establecen para estos casos", que sí permite aprobar cultivo para fines medicinales, en contradicción con los reglamentos del Ministerio de Salud. De hecho, el SAG señaló que "iniciará una revisión de los procedimientos que llevaron a esta autorización", para evaluar si "es necesario modificar o perfeccionar uno o más puntos de la actual normativa".
Reacciones
La directora del Conace, Francisca Florenzano, señaló que "el costo que puede tener para nuestro país abrir nuestras plantaciones masivas de marihuana es muy alto, sobre todo si pensamos en los niños y en los jóvenes". El senador UDI Jaime Orpis dijo que la aprobación era "una pésima señal", mientras que el diputado Enrique Accorsi agregó que "a nivel internacional se está usando la marihuana como tratamiento terapéutico".
FUENTE: http://diario.latercera.com/
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