En la negociación que se da desde hace semanas para determinar el pago por la expropiación de Agroisleña hay un punto ciego: la ausencia de un sistema operativo de administración y facturación en la empresa. Esto impide conocer los registros de producción, ventas e inventarios de la red, información clave para establecer el precio de la empresa. Gobierno y empresa vienen debatiendo sobre el tema del pago, el cual estaría atado a una operación conjunta de las plantas con los españoles, una asistencia técnica para que estén 100% productivas, según una fuente estrechamente vinculada con la mesa de diálogo.
La ausencia del sistema administrativo en Agropatria fue reconocido por el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) en la Memoria y Cuenta del despacho de 2011.
"Falta de un sistema administrativo óptimo e integrado, que permita la obtención de información oportuna en cuanto a ingresos por ventas, inventarios, cuentas por cobrar entre otras", indica el informe oficial.
Esto, en combinación con un levantamiento deficiente de actas y documentos sobre activos y cuentas bancarias de la empresa al momento de la intervención, es la "piedrita" en el zapato para los que se sientan a negociar en oficinas de El Rosal, en Caracas.
La debilidad en el sistema hace que el Gobierno "ande a ciegas" al momento de refutar las cifras de indemnización soltadas por los empresarios, cifra que ya se encuentra recogida en un primer informe preliminar de valuación de Agroisleña, según la fuente.
El informe fue revisado y discutido entre el 15 de abril y 9 de mayo por grupos de peritaje de ambos bandos y se espera que en las próximas semanas sea presentado ante una comisión conformada por autoridades principales de Agropatria y del Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT).
Riblia cambió el software
Varias fuentes consultadas coinciden en que al llegar a la presidencia de Agropatria, una de las primeras decisiones de Riblia Rodríguez fue cambiar el software con el cual se manejaba el sistema de administración de todas las filiales del consorcio.
Dos razones explicaron el cambio: el desconocimiento del sistema por parte de los funcionarios recién llegados, que era proporcionado por la casa matriz Agroinsumos Iberoamericanos, con servidor en el extranjero.
Por otra parte, existía un interés del personal de Empresa Comercializadora de Insumos Agrícolas (que asumió gestión de Agroisleña) en tener la data de los clientes del consorcio que suministraba insumos a 70% de los productores criollos. "Decían que por ahí los espiaban", comentó un ex trabajador de la red que prefirió el anonimato.
Los funcionarios dejaron de pagar el servicio a la casa matriz y en marzo de 2011 se desconectaron de los servidores matrices. "Fue el real descalabro", dijo esta misma fuente.
Luego se implementó un software comprado localmente que trabaja de manera aislada y no integra la información de las plantas y agencias comerciales, lo que deja sin estadísticas ni historial a la compañía. Las fuentes coinciden en que los únicos sistemas que funcionan son los de nóminas y silos.
Dos temas, un informe
Detrás de las negociaciones entre Gobierno y empresarios están organismos como la Procuraduría de la República y los ministerios de Agricultura y Tierras y Finanzas, los cuales deberán avalar el informe de avalúo, en el que confluyen dos temas. El primero es el valor de la empresa, uno de los puntos más difíciles de debatir.
El segundo es cómo lograr una operación mixta, una forma de participación de los españoles en la operación de las plantas para reactivar al 100% la empresa que hoy opera al 20% de su capacidades y con productos importados.
"Al Gobierno le interesa llegar sin ruidos a octubre. Por eso, la opción es el pago de alguna forma y lograr que los españoles produzcan una declaración amigable. El pago está sujeto a la asistencia en la producción directa o indirecta", dijo la fuente.
Que el Estado busque una operación mixta de una empresa expropiada no es algo nuevo. Un mes después de decretar la adquisición forzosa de la Cadena de Tienda Venezolana (Cativen, que manejaba la red Cada y Éxito) el comité ejecutivo de la empresa quedó conformado por ejecutivos franceses que continuarían con la administración de la empresa, transición que culminó una vez que el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunciara la cancelación de $600 millones y agradeciera al grupo "la paciencia mostrada".
Decisión pendiente
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia aún tiene pendiente dar respuesta a la solicitud de nulidad del Decreto N° 7.700, dictado por el presidente Hugo Chávez y publicado en la Gaceta Oficial N° 39.523, del 4 de octubre de 2010.
Ese decreto ordena la expropiación de Agroisleña C.A., Sucesora Enrique Fraga Alfonso y de sus empresas asociadas. La solicitud fue introducida por los apoderados judiciales del caso el 31 de marzo de 2011 y admitida por el tribunal en el 14 de marzo de este año. Casi un mes después, salió una medida de protección a la Soberanía y Seguridad Alimentaria, emitida por el Juzgado Agrario en favor de Agropatria.
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