Una de las tiendas de Agroisleña en uno de los principales
mercados de Caracas. carlos garcía rawlins (reuters)
ANA MARTÍNEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los propietarios de Agroisleña no han tirado la toalla pese a la ocupación de todas sus instalaciones llevada a cabo por el Ejército del Gobierno de Hugo Chávez. Mientras prosigue la negociación con el Ministerio de Agricultura y Tierras, la empresa ha instado a sus empleados a mantener la calma y continuar su actividad con la mayor normalidad posible. El objetivo es seguir operando al 100% durante los 90 días de la fase de ocupación temporal decretada por el presidente venezolano. En ese tiempo, esperan poder demostrar al Chávez que las acusaciones de usura y oligopolio que les imputa son infundadas.
El gerente de la empresa, William González, que en este momento se encuentra de vacaciones en Tenerife, señaló que la junta directiva ha transmitido a los empleados un mensaje en el que se les traslada la necesidad de mantener íntegra la operatividad para seguir funcionando y vendiendo al mismo ritmo. Incluso, explicó que ya se han dado reacciones de gente que ha comenzado a tratar de acaparar existencias, temiendo el desabastecimiento, por lo que consideran esencial tratar de tranquilizar a la población.
El Ministerio de Agricultura y Tierras insiste en achacar a la empresa prácticas de usura y oligopolio. Acusa a Agroisleña de vender sus productos a precios que doblan los recomendados por el Gobierno. Sin embargo, González asegura que las cifras no se corresponden con la realidad. "Nuestros precios siempre han sido los mejores del mercado", aseguró. "En un mercado tan controlado como el nuestro es muy sencillo comprobar cuánto gana una empresa, por lo que esperamos que puedan comprobar que la empresa no ha estado llevando a cabo este tipo de prácticas", agregó.
Entretanto, las muestras de solidaridad en el Archipiélago siguen multiplicándose. La Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña ha pedido su mediación al Consejo Superior de Cámaras estatal y ha advertido de que puede crear un peligroso precedente y "alimentar en un futuro próximo nuevos atropellos a los intereses del empresariado español".
Tensión
La misma impresión parece tener la enorme colonia canaria, que asiste con preocupación a los acontecimientos y mantiene un mutismo absoluto a la espera de que amaine el temporal. Confían en que la presión ejercida desde Canarias y por parte del Ejecutivo español pueda desbloquear el conflicto.
La cautela es tal que este periódico ha tratado sin éxito de obtener el posicionamiento del Consejo de Residentes Españoles en Vene zuela y del delegado del Gobierno de Canarias en el país. De momento, y hasta que la situación se estabilice, la consigna es la prudencia absoluta.
Por su parte, la diputada socialista Mercedes Coello comentó que ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso para abordar la expropiación de Agroisleña. Además, confirmó que ha tratado de ponerse en contacto con el Secretario de Estado, aunque por el momento no le ha sido posible por encontrarse fuera del país. La diputada recordó que aunque ésta es la primera vez que el Gobierno de Hugo Chávez toma una medida de este tipo con una empresa canaria, lo cierto es que en el pasado sí se han producido confiscaciones de grandes extensiones de tierra pertenecientes a emigrados canarios.
De hecho, Coello precisó que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha presentado quejas por este motivo al Ejecutivo venezolano en más de una ocasión. La diputada no se mostró convencida de que las gestiones diplomáticas den resultado. "En este caso, nunca se sabe cómo puede ser recibida una intervención por nuestra parte", indicó.
Sin embargo, sí se mostró rotunda al afirmar: "Lo que sí tengo claro es que algo tienen que hacer". Para ella, la expropiación de Agroisleña no se puede permitir, ya que "se trata de una empresa privada, de muchos agricultores y, al menos, es necesario que se pidan explicaciones".
FUENTE: http://www.laopinion.es
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