Chávez acepta error en toma de tierras

POR ANTONIO MARIA DELGADO

ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM

Ganaderos venezolanos dijeron el lunes que continúan en pie de lucha contra las pretensiones del presidente Hugo Chávez de confiscar sus tierras y advirtieron que el reciente anuncio del gobierno de rescindir la expropiación de 16 fincas es sólo una cortina de humo que busca ocultar las verdaderas pretensiones del mandatario.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), Manuel Cipriano Heredia, dijo que la suspensión sólo beneficia a un tercio de las 47 fincas que el gobierno de Chávez pretende confiscar en los estados de Zulia y Mérida, al tiempo que las últimas declaraciones del mandatario apuntan a que este es sólo el comienzo de una nueva ola de expropiaciones.

"El clima está bastante enrarecido'', dijo Heredia en una entrevista telefónica. ‘‘El día de ayer [domingo] el presidente Chávez nos acusó de terroristas''.

Chávez lanzó la acusación en su programa dominical Aló Presidente en reacción a un misterioso incendio registrado la semana pasada en las oficinas del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Santa Bárbara, estado Zulia.El siniestro destruyó una gran cantidad de registros de propiedad correspondientes a la zona donde el gobierno ejecuta las expropiaciones.

El lugar fue "quemado, no tengo duda, por la mano peluda, fascista de la burguesía'', dijo Chávez durante la alocución. ‘‘Responderemos como manda la Constitución y la ley. Vamos a acelerar los rescates de tierra ahí, en el sur del Lago y en toda Venezuela''.

Pero las palabras de Chávez fueron acompañadas poco después por las declaraciones del ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, quien anunció que el gobierno decidió suspender algunas de las confiscaciones previamente anunciadas, tras concluir que algunas de las fincas a ser expropiadas no eran latifundios improductivos.

‘‘Comprobamos que son fundos de pequeños productores, en los que las personas estaban en sus puestos de trabajo. No había explotación hacia ningún ser humano y se comprobó que era la única propiedad que poseía el dueño'', dijo Loyo a la prensa local.

Pero la situación es muy diferente en otras 27 fincas, agregó, y acusó a sus dueños de mantener a los trabajadores en un estado moderno de esclavitud.

Se trata de "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo'', aseveró Loyo.

Las acusaciones, no obstante, fueron rechazadas por los ganaderos, quienes señalaron que no son terroristas ni explotadores.

Al referirse al incendio, Heredia destacó que las oficinas quemadas se encontraban dentro de un amplio complejo gubernamental que cuenta con una nutrida presencia militar.

"Hemos pedido públicamente al ministerio público que abra una investigación profunda, objetiva y rápida sobre quienes fueron los autores materiales e intelectuales del incendio'', indicó Heredia.

Añadió que los ganaderos son los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos, ya que temen que el siniestro sea utilizado por el gobierno para emprender nuevas medidas contra ellos.

 

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Chávez, Socialismo es igual a cristianismo

Chávez realizó esta declaración luego de asegurar que la corrupción se habría infiltrado en comedores populares del Gobierno. en los que se vendían los alimentos. Durante una reflexión introductoria sobre el capitalismo, el mandatario aseguró que los empresarios que deseen sumarse a la producción en Venezuela son bienvenidos, pero que "el Estado rige el proceso, rige el proceso, y ya se ha demostrado hasta la saciedad que tiene que ser así"

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Agroisleña sigue activa pese al sitio de las tropas de Chávez

Una de las tiendas de Agroisleña en uno de los principales

 mercados de Caracas.  carlos garcía rawlins (reuters)

ANA MARTÍNEZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE Los propietarios de Agroisleña no han tirado la toalla pese a la ocupación de todas sus instalaciones llevada a cabo por el Ejército del Gobierno de Hugo Chávez. Mientras prosigue la negociación con el Ministerio de Agricultura y Tierras, la empresa ha instado a sus empleados a mantener la calma y continuar su actividad con la mayor normalidad posible. El objetivo es seguir operando al 100% durante los 90 días de la fase de ocupación temporal decretada por el presidente venezolano. En ese tiempo, esperan poder demostrar al Chávez que las acusaciones de usura y oligopolio que les imputa son infundadas.

El gerente de la empresa, William González, que en este momento se encuentra de vacaciones en Tenerife, señaló que la junta directiva ha transmitido a los empleados un mensaje en el que se les traslada la necesidad de mantener íntegra la operatividad para seguir funcionando y vendiendo al mismo ritmo. Incluso, explicó que ya se han dado reacciones de gente que ha comenzado a tratar de acaparar existencias, temiendo el desabastecimiento, por lo que consideran esencial tratar de tranquilizar a la población.

El Ministerio de Agricultura y Tierras insiste en achacar a la empresa prácticas de usura y oligopolio. Acusa a Agroisleña de vender sus productos a precios que doblan los recomendados por el Gobierno. Sin embargo, González asegura que las cifras no se corresponden con la realidad. "Nuestros precios siempre han sido los mejores del mercado", aseguró. "En un mercado tan controlado como el nuestro es muy sencillo comprobar cuánto gana una empresa, por lo que esperamos que puedan comprobar que la empresa no ha estado llevando a cabo este tipo de prácticas", agregó.

Entretanto, las muestras de solidaridad en el Archipiélago siguen multiplicándose. La Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña ha pedido su mediación al Consejo Superior de Cámaras estatal y ha advertido de que puede crear un peligroso precedente y "alimentar en un futuro próximo nuevos atropellos a los intereses del empresariado español".

Tensión

La misma impresión parece tener la enorme colonia canaria, que asiste con preocupación a los acontecimientos y mantiene un mutismo absoluto a la espera de que amaine el temporal. Confían en que la presión ejercida desde Canarias y por parte del Ejecutivo español pueda desbloquear el conflicto. 

La cautela es tal que este periódico ha tratado sin éxito de obtener el posicionamiento del Consejo de Residentes Españoles en Vene zuela y del delegado del Gobierno de Canarias en el país. De momento, y hasta que la situación se estabilice, la consigna es la prudencia absoluta.

Por su parte, la diputada socialista Mercedes Coello comentó que ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso para abordar la expropiación de Agroisleña. Además, confirmó que ha tratado de ponerse en contacto con el Secretario de Estado, aunque por el momento no le ha sido posible por encontrarse fuera del país. La diputada recordó que aunque ésta es la primera vez que el Gobierno de Hugo Chávez toma una medida de este tipo con una empresa canaria, lo cierto es que en el pasado sí se han producido confiscaciones de grandes extensiones de tierra pertenecientes a emigrados canarios. 

De hecho, Coello precisó que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha presentado quejas por este motivo al Ejecutivo venezolano en más de una ocasión. La diputada no se mostró convencida de que las gestiones diplomáticas den resultado. "En este caso, nunca se sabe cómo puede ser recibida una intervención por nuestra parte", indicó.

Sin embargo, sí se mostró rotunda al afirmar: "Lo que sí tengo claro es que algo tienen que hacer". Para ella, la expropiación de Agroisleña no se puede permitir, ya que "se trata de una empresa privada, de muchos agricultores y, al menos, es necesario que se pidan explicaciones".

FUENTE: http://www.laopinion.es