Chávez acepta error en toma de tierras

POR ANTONIO MARIA DELGADO

ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM

Ganaderos venezolanos dijeron el lunes que continúan en pie de lucha contra las pretensiones del presidente Hugo Chávez de confiscar sus tierras y advirtieron que el reciente anuncio del gobierno de rescindir la expropiación de 16 fincas es sólo una cortina de humo que busca ocultar las verdaderas pretensiones del mandatario.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), Manuel Cipriano Heredia, dijo que la suspensión sólo beneficia a un tercio de las 47 fincas que el gobierno de Chávez pretende confiscar en los estados de Zulia y Mérida, al tiempo que las últimas declaraciones del mandatario apuntan a que este es sólo el comienzo de una nueva ola de expropiaciones.

"El clima está bastante enrarecido'', dijo Heredia en una entrevista telefónica. ‘‘El día de ayer [domingo] el presidente Chávez nos acusó de terroristas''.

Chávez lanzó la acusación en su programa dominical Aló Presidente en reacción a un misterioso incendio registrado la semana pasada en las oficinas del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Santa Bárbara, estado Zulia.El siniestro destruyó una gran cantidad de registros de propiedad correspondientes a la zona donde el gobierno ejecuta las expropiaciones.

El lugar fue "quemado, no tengo duda, por la mano peluda, fascista de la burguesía'', dijo Chávez durante la alocución. ‘‘Responderemos como manda la Constitución y la ley. Vamos a acelerar los rescates de tierra ahí, en el sur del Lago y en toda Venezuela''.

Pero las palabras de Chávez fueron acompañadas poco después por las declaraciones del ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, quien anunció que el gobierno decidió suspender algunas de las confiscaciones previamente anunciadas, tras concluir que algunas de las fincas a ser expropiadas no eran latifundios improductivos.

‘‘Comprobamos que son fundos de pequeños productores, en los que las personas estaban en sus puestos de trabajo. No había explotación hacia ningún ser humano y se comprobó que era la única propiedad que poseía el dueño'', dijo Loyo a la prensa local.

Pero la situación es muy diferente en otras 27 fincas, agregó, y acusó a sus dueños de mantener a los trabajadores en un estado moderno de esclavitud.

Se trata de "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo'', aseveró Loyo.

Las acusaciones, no obstante, fueron rechazadas por los ganaderos, quienes señalaron que no son terroristas ni explotadores.

Al referirse al incendio, Heredia destacó que las oficinas quemadas se encontraban dentro de un amplio complejo gubernamental que cuenta con una nutrida presencia militar.

"Hemos pedido públicamente al ministerio público que abra una investigación profunda, objetiva y rápida sobre quienes fueron los autores materiales e intelectuales del incendio'', indicó Heredia.

Añadió que los ganaderos son los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos, ya que temen que el siniestro sea utilizado por el gobierno para emprender nuevas medidas contra ellos.

 

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